Justicia medioambiental

Environmental Justice

¿Puede tener derechos la naturaleza?

La naturaleza, o Pacha Mama, donde la vida ocurre y se reproduce, tiene el derecho al respeto integral de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos de vida, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Todas las personas, comunidades, pueblos y naciones pueden reclamar a las autoridades públicas que aseguren los derechos de la naturaleza. (…)” Art. 71 Cap. 7 Derechos de la naturalezaConstitución de Ecuador, 2008.

Ecuador fue el primer país del mundo que incluyó los derechos de la naturaleza en su constitución del 2008. El año siguiente lo hizo Bolivia.

Ambas constituciones dan mucho más ímpetu a los movimientos de justicia medioambiental. La región andina ha mostrado su activismo al reconocer los derechos de la naturaleza con propuestas en América Latina y la ONU. El interés por reconocer los derechos de la naturaleza se han ampliado de manera global en estos últimos años, por ejemplo en India, México, Estados Unidos, Nepal, Nueva Zelanda y Turquía, tanto a nivel nacional como local.

Los derechos de la naturaleza contemplan el derecho de los ecosistemas y las comunidades naturales (seres humanos incluidos) a existir y mantener sus características, sin ser considerados únicamente objetos para explotar. La jurisprudencia de la tierra difiere en este sentido de la clásica ley medioambiental, la cual considera que la naturaleza debe protegerse sólo cuando intervenir en ella pone en riesgo la existencia humana.

Alessia Romeo – Cies Onlus

¿Qué es la justicia intergeneracional e intrageneracional?

El concepto de justicia intergeneracional surge del concepto, más conocido, de sostenibilidad medioambiental aunque deja de estar focalizado en el desarrollo -un principio cada vez más cuestionado- para centrarse en la equidad. J.M. Alier ha analizado la distribución ecológica del uso de los recursos o de los servicios medioambientales, como la biodiversidad, y de lo que eso conlleva, como la contaminación.

Puede darse una distribución ecológica en el tiempo (entre diferentes generaciones) y en el espacio (entre diferentes lugares durante un mismo periodo). Un claro ejemplo de este tipo de distribución es la energía nuclear: es un beneficio (mientras no ocurran accidentes) para las generaciones actuales que pagarán las generaciones futuras en forma de residuos radioactivos. Un aspecto crucial es el uso del carbono asignado o espacio de carbono.

Durante más de un siglo de industrialización, los países del Norte Global han emitido tanta cantidad de CO2 en la atmósfera que ha limitado drásticamente el espacio de carbono disponible para las futuras generaciones, que deberán lidiar con los cambios que ya se están dando y que parecen irreversibles. Mirar esta cuestión desde la óptica de la justicia también implica reconocer que algunas partes del mundo disfrutan ahora de todos los beneficios del desarrollo (seguridad, viviendas confortables, energía, un alto nivel de vida y de consumo) mientras que el resto paga todos los costes, como es el caso de los puntos críticos en el sistema climático más amenazados por el cambio climático.

El concepto de justicia intergeneracional, por consiguiente, debe vincularse al de justicia intrageneracional. La lucha por una mayor equidad de las cargas y beneficios distribuidos fue asumida en 2011 por un país del Sur Global, Ecuador, con un plan para conservar el parque nacional deYasunì -una reserva mundial de biodiversidad y oxígeno- siempre y cuando la comunidad mundial compartiera la carga de los ingresos perdidos por no extraer petróleo.

Esta valiente iniciativa resonó en todo el mundo. Aunque el presidente Correa declaró su fracaso en 2013 (debido al incumplimiento de los estados que en un primer momento aceptaron el proyecto), todavía sigue siendo un sugerente camino para emprender la genuina solidaridad internacional para que los costes y los beneficios se repartan -realmente- de forma equitativa, ahora y en el futuro.

Irene Fisco – Cies Onlus

Justicia medioambiental

La justicia medioambiental se refiere, en general, a los derechos de las comunidades y los ciudadanos para vivir en un entorno limpio y saludable, según sus deseos y culturas, y sin verse amenazados o perjudicados por ninguna actividad económica o industrial.

Este tipo de justicia es una respuesta de las comunidades locales y los activistas a la presión de sus zonas provocada por las actividades industriales y extractivas como la minería, las presas, la deforestación, las plantas nucleares, las incineradoras, los vertederos… en definitiva, la desigualdad generada por la globalización y la falta de democracia de base.

Quienes aplicaron en un primer momento este concepto en sus luchas diarias fueron las comunidades negra y latina de Estados Unidos durante la década de 1980, cuando denunciaron la contaminación y la degradación de sus barrios, la falta de unas buenas prácticas por parte del sector industrial y la correspondiente compensación por parte de la administración pública. Llamaron la atención sobre el “racismo medioambiental”, es decir, el vínculo entre contaminación, raza y pobreza, y mostraron cómo estaban sujetos de forma desproporcionada a las actividades nocivas para el medio ambiente debido a las escasas alternativas económicas y a un menor peso político y económico. Como consecuencia de esto, veían cómo se ignoraban muchos de los riesgos relacionados con estas actividades

En respuesta a esta cuestión, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos define la justicia medioambiental de este modo: “El trato justo y la implicación de todas las personas sin diferencia de raza, color, sexo, origen nacional o nivel económico respecto al desarrollo, el cumplimiento y el refuerzo de las leyes relativas al medio ambiente, su regulación y su aplicación”.

El concepto de “justicia medioambiental” viajó así por el mundo, inspirando y enriqueciéndose por diferentes grupos y luchas. El South African Environmental Justice Networking Forum, por ejemplo, define este tipo de justicia como “una forma de cambio social enfocada a las necesidades básicas y que mejora nuestra calidad de vida […]. Al vincular las cuestiones de justicia medioambiental y justicia social, buscamos combatir el abuso de poder allí donde los pobres sufren los perjudiciales efectos ambientales para el beneficio de otros”.

Como señala esta organización sudafricana, los temas sociales y del medio ambiente siempre van de la mano como esferas inseparables de la vida en comunidad. Al igual que las comunidades urbanas, muchas poblaciones rurales cuya vida y modo de hacer se han visto muy afectados por la minería, la deforestación, las presas, la contaminación industrial, las plantas nucleares, etcétera, luchan desde hace décadas para conservar sus áreas locales. Las comunidades indígenas en bosques y selvas, ricas en agua, minerales o madera, son un ejemplo bien conocido. Pero esto también ocurre en zonas marginadas, donde la gente tiene menos capacidad de oponerse, o donde sus voces son menos escuchadas y reprimidas de forma más violenta.

Mientras, la extracción de recursos naturales crece de forma dramática debido al alto consumo de una pequeña parte de la población mundial (el llamado Norte Global) y la acumulación de beneficios por parte de las multinacionales. Por ello queda claro que la injusticia medioambiental y las desigualdades de la globalización son dos caras de la misma moneda; mientras que el 1% posee más del 48% de la riqueza global, la mitad de la población posee el 1%. Y si esto no fuera lo suficientemente paradójico, las zonas con índices más elevados de amenaza medioambiental y de contaminación también son las que padecen más los impactos del cambio climático y, por tanto, son más vulnerables a la erosión, las inundaciones, etcétera.

Daniela Del Bene – CeVi

Ejemplos de injusticia medioambiental

Existen cinco ejemplos de injusticia medioambiental extraídos del Global Atlas of Environmental Justice and Resistance. A continuación describiremos los casos acompañándolos de un breve resumen sobre el impacto que tienen en la economía política nacional y en el comercio internacional. Los ejemplos muestran cómo todos estos aspectos están relacionados y destaca la importancia de entender la justicia medioambiental tanto desde la perspectiva a nivel local como global, vinculada al comercio, el cambio climático, la contaminación, la salud, etcétera..

  • Apropiación de tierras y comercio: La región de Gambela, en Etiopía, es el centro de un intento por parte del gobierno para atraer inversión extranjera hacia su sector agrícola (en su mayoría plantaciones de azúcar para exportar) mediante la eliminación de la obligación tributaria en ciertos artículos, la supresión de impuestos en la importación de maquinaria, los préstamos bancarios fáciles de obtener, la electricidad barata y el agua procedente de la polémica presa Gibe III. Aquí, el 42% del área total de tierra ya ha sido vendida o dada a los inversores. Esto conlleva la deforestación y el desplazamiento de miles de personas mediante la intimidación y la violencia.
  • Agro-tóxicos y salud: En 1996 una variedad de soja transgénica, llamada Roundup Ready (RR), fue introducida en Argentina por la compañía Monsanto. Esta empresa tiene el control completo de la producción de soja del país, lo que también implica la posesión de grandes zonas de monocultivo. Esta variedad de transgénico es resistente a algunos herbicidas (como el Roundup), lo que permite el uso de más pesticidas. De este modo, su introducción ha provocado muchos problemas sociales y medioambientales, como la reducción de producción de alimentos para el mercado nacional, el desplazamiento de campesinos y el uso masivo de agrotóxicos muy contaminantes rociados con aviones, lo que también aumenta la deforestación.
  • Las presas hidroeléctricas y la violencia de Estado: El proyecto de presa Ilisu forma parte del Proyecto del Sudeste de Anatolia en la región turca del Kurdistán, con 1.200 MW de capacidad instalados. El embalse sumergirá aproximadamente 300 km2 del valle del Tigris, incluidos yacimientos arqueológicos y ciudades enteras. La sociedad civil y las comunidades kurdas se lamentan sobre el severo impacto de la construcción de la presa, pero el gobierno central no escucha y reprime con violencia las protestas.
  • Infraestructura de transporte y militarización: La línea férrea de alta velocidad (TAV) que une Turín y Lyon conectará ambas ciudades a 220 km/h y enlazará las redes ferroviarias de alta velocidad de Francia e Italia. El proyecto ha sido el origen de muchas críticas por su impacto en este frágil territorio y por la posible corrupción detrás del proyecto. El movimiento “NO AL TAV” también defiende un cambio en las políticas de transporte, aunque se ha topado con una fuerte militarización del área de construcción, y muchos activistas han sido detenidos.
  • Extracción de petróleo, derechos humanos y contaminación: El petróleo es la principal fuente de ingresos de Nigeria. La explotación comercial de crudo empezó en 1958, y desde entonces la región no ha conocido la paz. El medio ambiente, en especial los organismos del suelo y el agua, están contaminados sin que sea posible su limpieza y con escasas o nulas recompensas por semejante destrozo. Según el informe del 2011 de la UNEP (el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la empresa petrolera Shell, una de las mayores compañías implicadas, no sólo infringió las leyes nacionales, sino que ni siquiera cumplió sus propias regulaciones. Se encontraron substancias cancerígenas en organismos que viven en el agua 800 veces por encima de lo que promueve la OMS. Como resultado, el petróleo se ha convertido en una metáfora de la despiadada expoliación medioambiental de este tipo de multinacionales. Además, el impacto ecológico asociado al proceso de producción genera conflictos, violencia y asesinatos extrajudiciales.

Daniela Del Bene – CeVi